La salud es un derecho

Qué quieren que les diga, pero los argumentos que se vienen esgrimiendo para eliminar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes 'sin papeles' no me convencen. De hecho, hasta me avergüenzan. 

Cada vez que viajo a un país del Sur, por ejemplo de África -la última vez, hace poco más de una semana- y me cuentan que para ser atendidos en centros de salud y hospitales los ciudadanos tienen que pagar, y si no tienen para pagar, se quedan sin atender -da igual que se estén muriendo-, a menos que encuentren algún servicio médico de una ONG o una entidad religiosa que les ayude, tengo que enorgullecerme, o al menos así era hasta ahora, del sistema sanitario que habíamos construido en nuestro país. 

Ahora ya no estoy tan segura, porque con la excusa de la crisis el Gobierno español ha decidido retirar la cobertura a los inmigrantes que no cuentan con todos los papeles en regla, sin que valga ya, como valía hasta ahora, el empadronamiento. Y hablar, jactarse incluso, además, de "ahorro" de dinero gracias a una medida de este tipo, me parece, cuando menos, mezquino. 

¿Cómo hemos llegado hasta aquí...? 

Yo creía que la salud era, es, un derecho, reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Naciones Unidas, la Declaración Universal de los de Derechos Humanos, la Constitución Española y un largo etcétera. Y también por las leyes forales.

Yo creía que vivíamos en un país democrático que respetaba los derechos humanos, especialmente los más básicos, como el derecho a la salud.

Yo creía que aunque hubiera crisis, déficit, deuda y todo lo que quieran, no se iba a tocar lo intocable, como el derecho a la salud.

Y ahora, algunos "argumentos" que se han alegado, antes o ahora:

- "Efecto llamada". No tiene sentido. No vienen ni van a venir más inmigrantes para ser atendidos en nuestro sistema sanitario. Basta recordar cifras oficiales que indican que en estos momentos son más los españoles que se marchan de España para trabajar -o buscar trabajo- en otros países como Reino Unido o Alemania que extranjeros que vienen aquí a lo mismo.

- "Ahorro para las arcas públicas". Como he dicho, se me cae la cara de vergüenza considerarlo un argumento legítimo, y mucho menos ético, por muy legal que sea o pueda ser. Por Dios, que estamos hablando de la vida y la salud de PERSONAS... ¡Pero si hasta las gallinas y los pollos tienen que estar controlados desde el punto de vista sanitario...!

- "El coste deberían pagarlo los países de origen". Anda ya, pues claro, qué fácil es decirlo. Pero si eso fuera así, no habría inmigrantes, estarían en sus países de origen, de los que se marcharon precisamente porque no sólo no tenían cobertura sanitaria, sino que no tenían trabajo ni una vida digna, vivían en entornos violentos y un largo etcétera. Y si los países de origen no les pagan allí, ¿cómo se pretende conseguir que paguen aquí? 

- "Lo que sucedía hasta ahora era una irregularidad, por tanto, deben pagar por recibir servicios sanitarios". ¡Pero si fue el propio Gobierno quien estableció lo del empadronamiento...¡ Y por otro lado, ¿cómo se pretende que paguen personas y familias que apenas tienen recursos, puesto que como no tienen papeles no pueden trabajar, al menos no oficialmente...?

A todo esto hay que añadir lo que numerosas ONG y no pocos profesionales y expertos ya vienen diciendo y repitiendo:

- Es un ataque a un derecho humano básico, el de la salud, en un país que se llama a sí mismo democrático y desarrollado. Y "europeo", además.

- ¿Se pretende obligar a que los profesionales de los centros de salud, hospitales, etc. echen a la calle a estas personas aunque acudan muy enfermas...?

- Puede conllevar más problemas de salud para el resto de la población en el caso de patologías contagiosas -que son muchas, desde un simple catarro- no atendidas. Y si eso ocurriera y se supiera, la alarma social podría provocar fracturas en la convivencia pacífica que tenemos ahora.

- Como se dice que las "urgencias" sí serán atendidas, lo que van a conseguir es saturar más aún estos servicios ya de por sí habitualmente saturados, con el consiguiente enfado tanto de los ciudadanos como de los profesionales.

- Sí se atenderá a las embarazadas y los menores de edad. Pues menos mal, sólo faltaba. Pero resulta que los menores conviven con los adultos y las patologías se contagian o se pueden contagiar en ambos sentidos...

- Pasar o dejar la "pelota" a las ONG o a las propias comunidades autónomas tampoco es justo. Entre otras cosas, porque también a todas ellas las están afectando los recortes, la crisis, los menores ingresos...

En definitiva, hay "recortes" especialmente sangrantes y a todas luces injustificables. Y éste, es, en  mi opinión, uno de ellos.

Al final, además, parece que todo va a depender de lo que decida cada comunidad autónoma: unas se han plantado y dicen que van a atender a todos; otras, que darán subvenciones a los afectados para pagar pólizas sanitarias; otras, que a atenderán a todos los empadronados a partir de tres meses... Vamos, que otra vez las diferencias en función de donde se resida. 

De todas maneras, todo esto, en el fondo, a mí personalmente me da igual. La salud es un derecho humano, y punto. Aquí o en la otra punta del mundo. Y nuestra responsabilidad, la de todos, es que se cumpla.